En 2014, Japón aprobó una ley de secretos nacionales que incluye una jerarquía de poderes de seguridad, pero relacionados principalmente con la defensa, la diplomacia, la contrainteligencia y el contraterrorismo, no con la tecnología de doble uso civil-militar.

Esto impide que las empresas y expertos japoneses participen en foros internacionales o proyectos de investigación en campos avanzados relacionados con la seguridad. La falta de acceso de seguridad garantizado por el gobierno también impide a Japón cooperar más profundamente con el grupo de inteligencia Cinco Ojos, según el ministro a cargo de la seguridad económica, Sanae Takaichi.

Según la nueva propuesta, el gobierno japonés anunciará el proyecto de ley en 2024 después de conversaciones con expertos empresariales y legales. Se dice que el país está considerando modelos estadounidenses y europeos. El nuevo sistema se dividirá en dos o tres niveles, lo que permitirá a las empresas acceder a información confidencial compartida entre Japón y otros países y participar en programas de adquisiciones de gobiernos extranjeros. Las personas y organizaciones que deseen disfrutar de este acceso de seguridad primero deben pasar una verificación de antecedentes y una capacidad de control de información.

La Sra. Takaichi dijo que las empresas japonesas corren el riesgo de perder muchas oportunidades de negocio debido a la falta de acceso a la seguridad, en el contexto de campos en crecimiento relacionados con tecnología sensible con potenciales aplicaciones militares. Sin embargo, también dijo que este acceso debería limitarse a la información que el gobierno realmente necesita proteger, como tecnología crítica, conexiones con sanciones económicas, amenazas cibernéticas o proyectos conjuntos a nivel gubernamental.