El Secretario General To Lam es el jefe del Comité Directivo Central para el perfeccionamiento de instituciones y leyes.
No se trata sólo de una orientación estratégica, sino también de una profunda afirmación del papel fundamental del derecho en todos los esfuerzos nacionales de reforma.
Plataforma estratégica
En todo modelo de desarrollo moderno, las instituciones se consideran siempre el factor decisivo. En la estructura institucional, el derecho desempeña un papel central, como herramienta para transformar políticas y directrices en reglas de conducta vinculantes, garantizando equidad, transparencia y disciplina. Sin embargo, en Vietnam, una realidad que perdura desde hace muchos años es que muchas de las políticas principales y correctas del Partido aún enfrentan dificultades para implementarse debido a problemas de institucionalización y aplicación de la ley.
Por eso, la Resolución 66 ha establecido una nueva perspectiva: la ley no es sólo un paso intermedio, sino un cuello de botella que es necesario superar primero para que otros avances puedan ser efectivos. En el contexto en que el país entra en una fase de desarrollo basada en la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la integración profunda, el papel constructivo del derecho se hace cada vez más urgente. Un sistema jurídico moderno, viable y estrictamente aplicado será una plataforma de lanzamiento para la productividad nacional, la capacidad de gobernanza y la sostenibilidad económica.
Contenido innovador con avances
La Resolución 66 establece muchas direcciones de reforma profunda, en particular la innovación integral en la forma de elaborar y aplicar las leyes.
En primer lugar, es necesario innovar el pensamiento legislativo: pasar del pensamiento gerencial al pensamiento creativo. El derecho ya no es sólo una herramienta para regular el comportamiento, sino que debe convertirse en un motor del desarrollo. Por lo tanto, cada ley debe considerarse como un componente de una estrategia nacional de desarrollo, en lugar de limitarse a abordar problemas inmediatos o ser reactiva.
Un sistema jurídico moderno, viable y transparente será una ventaja de desarrollo particularmente importante.
En segundo lugar, la Resolución hace hincapié en la creación de una cultura de cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de la auditoría posterior. Se trata de una transición de un sistema jurídico basado en órdenes administrativas a un sistema de gobernanza basado en el estado de derecho. No se puede crear una cultura de cumplimiento si las leyes son confusas, se superponen y carecen de transparencia. Por tanto, la Resolución exige una evaluación periódica de la eficacia de las leyes después de su promulgación, tomando los resultados de su implementación como medida de la calidad jurídica.
En tercer lugar, la Resolución 66 hace especial hincapié en la inversión de recursos en la elaboración y aplicación de leyes. Por primera vez, una Resolución Central identificó claramente el derecho como un área que requiere una inversión focalizada y que no puede realizarse de manera poco entusiasta. Los recursos aquí incluyen: recursos humanos (equipo jurídico profesional, con conocimientos tanto en políticas como en técnicas legislativas); recursos financieros (presupuesto para evaluación de impacto, revisión, auditoría posterior); tecnología (aplicación de inteligencia artificial, big data en la aplicación de la ley y la construcción); e instituciones organizativas (mejora de los departamentos jurídicos, establecimiento de centros de consultoría, etc.).
En cuarto lugar, una novedad destacable es la creación del Comité Directivo Central sobre mejoras institucionales y jurídicas, integrado por casi todos los miembros del Gobierno y los presidentes de los comités de la Asamblea Nacional. Se trata de una sólida institución de coordinación intersectorial que puede acortar significativamente los rezagos institucionales, mejorar la rendición de cuentas y garantizar la coherencia entre la legislación, el poder ejecutivo y la supervisión. La experiencia internacional muestra que los países que han tenido éxito en la reforma institucional, como Corea del Sur o Francia, han establecido agencias centrales similares, donde se innova el pensamiento institucional, se integran políticas y se formulan leyes a partir de una visión de desarrollo.
Por último, la Resolución 66 pretende construir un ecosistema legal centrado en las personas y las empresas. Las leyes deben ser comprensibles, accesibles y fáciles de cumplir. Para lograrlo, es necesario simplificar el lenguaje jurídico, digitalizar en gran medida los procedimientos legales y disponer ampliamente de servicios de apoyo jurídico, especialmente para los grupos vulnerables.
Condiciones de realización
Para hacer realidad las orientaciones de la Resolución 66, es necesario comenzar por estandarizar todo el proceso legislativo: desde la formulación de políticas, la redacción, la consulta, la revisión, la promulgación hasta el seguimiento de su implementación. Cada paso debe tener estándares claros, mecanismos de coordinación específicos y una rendición de cuentas transparente.
La Resolución 66 no es sólo una orientación técnica legislativa, sino también un plan estratégico para reestructurar la base institucional nacional: una plataforma de lanzamiento para que el país ingrese a una era de desarrollo, civilización y prosperidad.
Junto con ello está el desarrollo de la capacidad del equipo legislativo, no sólo en el poder legislativo sino también en los sistemas ejecutivo y judicial. Vietnam necesita una estrategia a largo plazo para profesionalizar la "profesión legislativa" y ampliar los mecanismos para atraer a intelectuales, científicos y organizaciones de investigación para que participen en la crítica de políticas desde el principio.
Además, invertir en tecnología y datos digitales para servir al trabajo legal es un requisito inevitable. Un sistema jurídico moderno no puede depender de procesos manuales. Es necesario construir de manera sincrónica un sistema de código jurídico electrónico, un software para respaldar la redacción de leyes y herramientas de monitoreo del cumplimiento de la ley en tiempo real.
Por último, es necesario establecer un mecanismo de seguimiento independiente de la eficacia de las leyes una vez promulgadas. La Asamblea Nacional puede establecer grupos de supervisión temática, mientras que se debe alentar a las organizaciones sociales, la prensa y la academia a participar en el proceso de revisión posterior a la legislatura. Un sistema jurídico fuerte es aquel que es capaz de autoiluminarse, autoadaptarse y evolucionar según la práctica.
Plataforma de lanzamiento para la era del desarrollo
La Resolución 66 no es sólo una orientación técnica legislativa, sino también un plan estratégico para reestructurar la base institucional nacional: una plataforma de lanzamiento para que el país ingrese a una era de desarrollo, civilización y prosperidad. En el siglo XXI, cuando la competencia entre naciones ya no es sólo cuestión de recursos o mano de obra, sino de instituciones y calidad de gobernanza, un sistema jurídico moderno, viable y transparente será una ventaja de desarrollo particularmente importante.
Cuando la ley se convierte en el "avance de los avances", es también cuando el Estado se convierte verdaderamente en un Estado de derecho y la sociedad debe ser siempre disciplinada, creativa y desarrollarse de forma sostenible.
TS. Nguyen Si Dung
Fuente: https://baochinhphu.vn/doi-moi-toan-dien-ve-cach-xay-dung-va-thuc-thi-phap-luat-trong-ky-nguyen-moi-102250503064604391.htm
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