De acuerdo con el proyecto de Ley sobre cuadros y funcionarios públicos (enmendado), el Ministerio del Interior propuso que el Gobierno desarrolle una hoja de ruta y emita reglamentos para transformar gradualmente la gestión de los funcionarios públicos según los puestos de trabajo dentro de los 5 años a partir de la fecha de vigencia de esta ley.

Durante el período de cinco años, la gestión del personal, el reclutamiento, la gestión y la utilización de los funcionarios públicos seguirán implementándose de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.

Español El proyecto de ley establece claramente que los cuadros y funcionarios públicos a nivel comunal, según lo prescrito por la Ley de Cuadros y Funcionarios Públicos de 2008 (enmendada y complementada por la Ley que enmienda y complementa una serie de artículos de la Ley de Cuadros y Funcionarios Públicos y la Ley de Empleados Públicos en 2019), a partir de la fecha de vigencia de esta ley están en la nómina de las provincias y las ciudades administradas centralmente; El salario se clasifica de acuerdo a la escala salarial y nivel correspondiente al puesto de trabajo asignado, siempre que cumpla con los estándares y condiciones requeridos por el puesto de trabajo; Realizar el reclutamiento, utilización y gestión de acuerdo con la normativa gubernamental sobre reclutamiento, utilización y gestión de servidores públicos.

"En caso de no cumplirse los estándares y condiciones exigidas para el puesto de trabajo, la autoridad competente considerará y decidirá sobre la racionalización de acuerdo con lo establecido en la ley al momento de la racionalización", establece claramente el proyecto de ley.

En materia de sueldos e ingresos, el proyecto de ley propone que los cuadros y funcionarios públicos que trabajan en zonas montañosas, fronterizas, insulares, remotas, de minorías étnicas, zonas con condiciones socioeconómicas especialmente difíciles o en industrias y ocupaciones con entornos tóxicos y peligrosos tengan derecho a prestaciones y políticas preferenciales de acuerdo con las disposiciones de la ley; disfrutar del pago de horas extras, trabajo nocturno y otros beneficios según lo prescriba la ley.

En el caso de los funcionarios públicos que tengan derecho a la prestación por desempleo a voluntad, deberán presentar una solicitud y recibir la aprobación de la autoridad competente. En caso de renunciar al trabajo sin el consentimiento del organismo, organización o unidad competente, el trabajador no tendrá derecho a indemnización por despido y deberá compensar los costos de capacitación y desarrollo de acuerdo a lo establecido en la ley.

Además, según el proyecto de ley, no se concederá el despido a los funcionarios públicos que estén bajo revisión disciplinaria o estén siendo procesados ​​por responsabilidad penal. No se concederá la terminación del contrato de trabajo a las funcionarias públicas que se encuentren en estado de embarazo o que tengan hijos menores de 36 meses de edad, salvo en los casos de terminación voluntaria.